Al insistir que Rosario Robles Berlanga es inocente de los hechos que se le imputan y tras presentar pruebas documentales, periciales y testimoniales de ello, el equipo de abogados de la exsecretaria aseguro que, tras la resolución del juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado”.
Tras casi doce horas de audiencia en que la defensa de Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Xavier Olea, desvirtuó todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente el juzgador decidió no sólo vincular a proceso a la exfuncionaria a proceso penal, sino que determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún y cuando el delito que se le atribuye es considerado como no grave.
Esto, dijo el abogado Hernández Barros, “nos habla de un proceso imparcial y por consigna” contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos.
“Lo que acabamos de ver es un tribunal de estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la edad media”, dijo Hernández Barros y agregó: “Rosario Robles es una víctima, una presa política”.
El penalista subrayó que durante la audiencia de este lunes se presentaron pruebas que demostraban de manera fehaciente la inocencia de Rosario Robles. “Demostramos con hechos que ella no había sido responsable de los hechos que le atribuye el Ministerio Público”.
Y explicó que las auditorias que dieron lugar a la imputación aun se encuentran sub judice, es decir, que todas estas auditorias se encuentran todavía en proceso de solventación, en proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa. “Se trata de procedimientos que no están firmes, por lo tanto, es aventurado decir que hay un quebranto patrimonial hasta en tanto no se declaren firmes estas auditorias… No se puede juzgar a nadie por un delito que no está comprobado”.
Respecto a los contratos realizados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones (que son la principal base de las acusaciones), Julio Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, “inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando” aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal.
“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión (del que él emerge), para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.
Respecto a la actuación del Juez de Control la calificó como Inaudita. Y agregó que “sin lugar a duda tuvimos un juez de consigna que se dedicó a proferir palabras de sarcasmo y de injuria a esta defensa.
“Creemos que este no es el trato que merece la defensa de cualquier ciudadano mexicano. Se ha violado el principio de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, se han mancillado los derechos humanos de Rosario Robles”, apuntó. En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas. “Fue precisamente el Juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos ex servidores públicos podría ser una `joyita´”.
Sobre la medida cautelar impuesta por el juez de dos meses de prisión preventiva, la defensa de Rosario Robles la calificó como “totalmente innecesaria e injusta” ya que su defendida tiene más que demostrado su arraigo en la Ciudad de México”. No olvidemos – dijo--, que ella se ha presentado de manera voluntaria. Y agregó: “es muestra de una persecución política, es ahora una presa política; se han cometido en su contra violaciones graves al debido proceso y al principio de proporcionalidad de mínima intención”.
Finalmente, expuso que en las siguientes horas se apelará la decisión del juez a efecto de que Rosario Robles pueda seguir el proceso en libertad, exhibiendo las garantías necesarias para tal propósito.
