El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno pondrá orden para evitar el problema de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual habrá un plan específico, en el que no se contempla aumentar ni crear nuevos impuestos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que el tráfico de facturas era “un negocio transa” permitido por el gobierno federal pasado, “se permitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que causa evasión fiscal de millones de pesos.
La directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat, presentó, en primer lugar, un plan contra los factureros, nombre que reciben aquellos que generan facturas reales, pero de transacciones inexistentes, una de las tantas maneras de defraudar al fisco.
El monto total del dinero que presuntamente se evade a través de este tipo de fraude es de 354 mil millones de pesos, según la directora del SAT, lo que corresponde al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Lo primero que hicieron fue un dato analítico con todos los datos recogidos, para crear un modelo nuevo de riesgo para afrontar el riesgo de los factureros, mismo que aplicarán sobre empresas de nueva creación, el incremento exponencial en la facturación, incongruencias entre declarado y facturado, entre otras cosas.
El estudio arrojó una muestra de 150 empresas factureras para someter a investigación, mismas que se encuentran en Guadalajara, Ciudad de México y Nuevo León principalmente, mismas que han presuntamente evadido 62 mil millones de pesos.
La estrategia para evitar la defraudación logrará que a todos los que han deducido las facturas falsas serán llamados a cuentas y quienes se beneficiaron de la misma, serán investigados. Todos, además, serán llevados ante las autoridades que así lo requieran.
Al respecto, informó Margarita que se han presentado un total de 23 denuncias penales contra empresas que se han encargado de deducir dichas operaciones simuladas. Algunas fueron identificadas como desvíos de recursos públicos.
Una de estas denuncias fue contra un exfuncionario público de entidades de hacienda vinculados con estos esquemas, tema que ya está en manos de la Fiscalía General de la República.
