El fatídico suceso que tuvo lugar el 27 de marzo de 2023 en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 40 personas de origen centro y sudamericano, continúa siendo un recordatorio doloroso de las deficiencias en las políticas migratorias tanto de Estados Unidos como de México. A un año de esta tragedia, el caso permanece envuelto en la impunidad, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia ni reparación adecuada.
El incendio, que comenzó dentro del centro de detención gestionado por el Instituto Nacional de Migración, se cobró la vida de 40 personas mientras estaban bajo custodia gubernamental. Resulta especialmente desgarrador el hecho de que las circunstancias de sus muertes podrían haberse evitado si se hubiera actuado con la debida diligencia y cuidado por parte de las autoridades responsables.
En un contexto en el que las políticas migratorias se centran en la detención y la disuasión, las víctimas se encontraban en una situación vulnerable, sin acceso adecuado a vías legales para solicitar asilo en Estados Unidos. El fracaso de ambas naciones en abordar adecuadamente las necesidades y los derechos de las personas migrantes es evidente en esta tragedia.
A un año del incendio, organizaciones defensoras de derechos humanos y de personas migrantes continúan protestando y lamentando la falta de avances en el caso. La ausencia de sentencias y reparaciones integrales del daño a las víctimas directas e indirectas solo agrava el dolor y la injusticia que rodean este evento.
El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, en el que se afirma que 29 de las 40 familias afectadas han recibido indemnización, ofrece un atisbo de esperanza para algunas de las personas afectadas por esta tragedia. Sin embargo, esta compensación monetaria es solo un primer paso y no puede compensar plenamente la pérdida de vidas humanas ni mitigar el sufrimiento causado a las familias afectadas.
Además, el hecho de que aún queden 11 familias sin recibir indemnización y que no haya habido condenas en relación con el incidente subraya la insuficiencia de la respuesta oficial ante esta tragedia. La falta de cambios estructurales en las políticas migratorias para garantizar la seguridad de las personas migrantes en tránsito por México es motivo de preocupación y exige una acción urgente por parte de las autoridades pertinentes.
Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las circunstancias que rodearon el incendio, y que se tomen medidas concretas para prevenir tragedias similares en el futuro. Las personas migrantes merecen ser tratadas con dignidad y respeto, y es responsabilidad de los gobiernos garantizar su seguridad y bienestar en todo momento.
