Política

Obligaron a víctimas de la L12 a firmar indemnizaciones injustas

Presiones por Línea 12

En entrevista en Me lo dijo Adela, el abogado Teófilo Benítez, defensor de 14 personas afectadas por la tragedia, denunció la negligencia con la que se ha ofrecido hacer una reparación de daños a las víctimas… 


“Solo una ayuda de 10 mil pesos para gastos de defunción o gastos médicos”, fue lo que recibieron en un inicio los implicados tras la tragedia. Posteriormente, en el intento de negociar una reparación integral, las víctimas se encontraron con una autoridad incompetente. 


“La propia ley da la oportunidad de llevar medios alternativos para la resolución de este conflicto. Nosotros hemos estado abiertos a construir ese tipo de convenios. Sin embargo, la propia autoridad ha tratado de engañar a las víctimas, haciéndoles firmar diversos convenios donde los dictámenes médicos habían sido adulterados” explicó Benítez. 


Entre los casos, mencionó el de un hombre que sufrió una fractura en seis costillas, pero por un reporte médico incorrecto, solo fue indemnizado por dos. Al recibir la reparación designada por el Estado, fue imposible costear los medicamentos necesarios para su recuperación, pues el daño fue mayor de lo que se había considerado. Este ha sido el común denominador entre las personas que son representadas por Benítez, quienes han afirmado ser víctimas de presiones ejercidas por agentes del Estado, que buscan que los implicados firmen los convenios de reparación, aunque estos incluyan reportes que no se apegan a la realidad. 


Sin embargo, las consecuencias del accidente no se limitan a costear tratamientos médicos. El defensor explicó que hay casos en donde personas fueron forzadas a abandonar sus puestos de trabajo, ya que por el daño físico causado por el accidente, no han podido llevar a cabo sus funciones con normalidad. 

En este sentido, Benítez afirmó que no se detendrá hasta que el Estado otorgue pensiones vitalicias que garanticen el bienestar de las víctimas, así como una disculpa pública en donde las autoridades reconozcan su responsabilidad en los hechos. 

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